Impulsan la Ley Micaela en el fútbol: “Hay una urgencia por capacitarnos” | Tras la agresión a la árbitra en Tres Arroyos

Un proyecto del Frente de Todos busca implementar capacitaciones obligatorias de la Ley Micaela en el ámbito del fútbol profesional. La iniciativa es impulsada por la diputada Gisela Marziotta y tomó impulso este lunes, luego del ataque de un futbolista de la Liga Regional de Tres Arroyos a una árbitra en un partido entre Deportivo Independencia y Deportivo Garmense.

La situación de violencia de género dentro de la cancha sacudió las noticias del deporte durante el fin de semana: el jugador Cristian Tirone, del club Garmense, fue detenido el mismo domingo tras agredir a la árbitra del encuentro, Dalma Cortaldi.

El grave hecho de violencia se produjo durante el
partido de Reserva entre ambos equipos,
correspondiente a la liga local, cuando el jugador
golpeó por detrás y en la nuca a la referí luego de
recibir una tarjeta
amarilla. 

Tirone, de camiseta número 2, tomó carrera y golpeó a
Cortadi por la espalda mientras la jueza anotaba en su
tarjeta, por lo que no advirtió el ataque. La árbitra cayó
al piso y cuando el jugador iba a continuar con su
agresión fue apartado del lugar por sus propios
compañeros y el juez de línea

En este contexto, cobró nuevamente precisión un proyecto de la diputada Gisela Marziotta que propone que la Ley Micaela sea obligatoria en el ámbito del fútbol profesional. De esta manera, busca capacitar a autoridades de los clubes profesionales, jugadores, jugadoras y cuerpos técnicos para avanzar en las capacitaciones y evitar así situaciones de violencia de género.

“Este hecho obviamente es repudiable, pero sobre todo prende una alerta respecto de la urgencia que hay sobre la necesidad de capacitarnos”, aseguró Marziotta, en diálogo con Branca de vuelta.

“La violencia hacia las mujeres es una constante en el fútbol y muchas veces no se conoce porque no llega a los medios de comunicación, y solo llega cuando son casos extremos, como el de Tres Arroyos”, agregó, al insistir en la necesidad de que el proyecto de ley que presentó el 3 de junio pasado tome impulso.

Además, Marziotta contó que este lunes el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, recibió el proyecto. Y argumentó: “El fútbol somos los argentinos y las argentinas, y tiene una responsabilidad enorme respecto de la deconstrucción necesaria para terminar con la violencia por razones de género, porque el fútbol entra a las casas todos los fines de semana y, al igual que los medios de comunicación, tiene una responsabilidad mayor, por la magnitud que tiene”.

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¿Qué dice el proyecto?

En su primer punto, la iniciativa busca establecer la “capacitación permanente obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las autoridades directivas, ejecutivas, jugadores y jugadoras de fútbol, miembros de los cuerpos médicos, técnicos y auxiliares de todas las asociaciones civiles con participación en los torneos de fútbol de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA)”. Estos espacios de enseñanza tendrán una frecuencia nunca mayor a un año.

Para su efectivización el Ministerio de las Mujeres “certificará la calidad de las capacitaciones“. “Estas deberán ser enviadas para su evaluación dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, pudiéndose realizar modificaciones y sugerencias para su mayor efectividad“, dice la normativa. Es decir, habrá un seguimiento sobre los temas abordados en las capacitaciones.

Además, entre otros argumentos, el proyecto explica: “La difusión, por parte de importantes clubes argentinos, de la idea de que lo que ocurre fuera de la cancha es ‘otro tema’ y que el club solo puede pronunciarse y actuar en relación al comportamiento del jugador ‘dentro de la cancha’, no sólo es espuria sino que contribuye a naturalizar e incluso a reproducir situaciones de violencia”.

“Consideramos que tal afirmación es espuria dado que
las entidades de fútbol son asociaciones civiles, cuyo fin
principal no es el lucro, sino el bien común.
En este
sentido, estas instituciones tienen la obligación de ser
coherentes con tal objeto social y procurar realizar
acciones tendientes a la reducción de la violencia”,
justifica.

El proyecto completo

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